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What is the Ecuadorian Society of Bioethics? 

 

The Ecuadorian Society of Bioethics – SEB – was founded in Quito  in 2003 as a non-profit organization.  Its creation was motivated in part by its interest in the diversity of  various actors in civil society organizations and a desire to provide a place for dialogue and multiculturalism to address the conflicts that confront humanity as a whole such as globalization, the development of medico-biological research, biotechnology and data processing as well as a concern for human rights abuses, the destruction of our living planet, conflicts that put in danger the survival of all species, the rights and obligations of individuals, sustainable development,  social justice, equality and protection for of all forms of life. 

 

Considerations that affect all countries and the world’s populations are gaining in importance each day as they impact decision-making in scientific, cultural, social, economic, political, and scientific fields.   Ecuador cannot remain on the sidelines as citizens become more aware and demand that their rights be protected.  It was within this context that the Ecuadorian Society of Bioethics (SEB) was established with a national management structure that over the years has included a collection of agreements and partnerships with important national and international organizations. 

 


 

¿Qué es la Sociedad Ecuatoriana de Bioética?

La Sociedad Ecuatoriana de Bioética -SEB- nace en Quito, en el año 2003, motivada por una parte por el interés de diversos actores de la sociedad civil por generar un espacio de diálogo amplio y pluralista para tratar los conflictos que confronta la humanidad con la globalización, el desarrollo de la investigación médico-biológica, la biotecnología y la informática;  preocupada por el atropello a los derechos humanos y a la depredación del bioambiente, los conflictos que ponen en peligro la supervivencia de la especie, los derechos y deberes de los individuos, el desarrollo sustentable, la justicia social, la equidad y todas las formas de vida.

Consideraciones que comprometen a todos los estados y población mundial, que cada día, adquieren mayor peso en la toma de importantes decisiones en los ámbitos científicos, políticos, económicos, sociales, culturales y humanos.  Ecuador no puede permanecer al margen del despertar de una participación ciudadana en demanda de la atención a sus derechos.  En este marco, surgió la SEB con una gestión nacional que incluye a lo largo de estos años una ser de convenios y alianzas con importantes institucionales nacionales y extranjeras.

 

 

Acceso a la información en Ecuador:

a 9 años de promulgada la Ley

 

Autora:  Sigrid Rodríguez C.

Comunicadora social

 

A nueve años de promulgada en Ecuadr la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la  Información Pública –LOTAIP-  no se evidencia un real ejercicio del derecho de acceso a la información.  Si bien se han dado pasos importantes en la definición de la normativa, no se ha logrado que el ciudadano asuma este derecho que, aunque considerado fundamental, no llega a ocupar un lugar entre los prioritarios y aun insatisfechos en Ecuador.

Un recorrido por sitios web de diversas instituciones públicas confirma que sí  presentan la información que la Ley exige como por ejemplo la estructura orgánica funcional, la base legal que la rige, las metas y objetivos, el directorio y el distributivo de personal, la remuneración mensual o los servicios que ofrece… En total, 20 literales.  Pero más allá de este cumplimiento formal, esta información no cumple con la función de comunicar al ciudadano qué está haciendo su gobierno por él.  Generalmente los pdf y las tablas son muy extensas y poco decidoras.

Empoderar al ciudadano del derecho a la información es una herramienta de control, de exigibilidad, de lucha contra la corrupción e inoperancia y de mejoramiento de la convivencia.  Si bien la responsabilidad primera del control de que esta Ley se cumpla está en manos de la Defensoría del Pueblo, es también deber de todas las instituciones públicas y de las organizaciones de la sociedad civil su conocimiento y aplicación, cada quien desde su ámbito de acción.

Una entrevista a Christian Guaicha, Coordinador Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo,  nos permite dar un vistazo a la situación actual de la LOTAIP en Ecuador pero también nos exige considerar otras opciones como mecanismos para un real ejercicio de este derecho.

 

Por qué del acceso a la información

El Ecuador tiene LOTAIP desde el año 2004, en un ejercicio por democratizar la información que es de interés general y romper con décadas de secreto y silencio cómplice tanto de gobiernos y funcionarios como de empresas que buscaban proteger sus muy particulares intereses.

Esta Ley ecuatoriana forma parte de una serie de legislaciones parecidas que existen en otros países de la región y de normativas internacionales que consagran este derecho.  La Constitución que Ecuador aprobó en el 2008, dedica su artículo 18 (Ecuador 2011) a ratificar el interés del Estado en que este acceso a información pública sea real, para todos y de la mejor forma.

Pero más allá de la normativa, una evaluación casi al cabo de una década de la existencia de la LOTAIP evidencia una falta real de su cumplimiento, vacíos operativos que posibiliten su efectividad, la exclusión de grupos vulnerables y un desconocimiento ciudadano de este derecho considerado como fundamental en todos los tratados internacionales.

Aquí caben tres suposiciones que no se excluyen sino que se imbrican:

Las viejas prácticas de corrupción y control de lo público de parte de organizaciones antiguas y poderosas han bloqueado la real aplicación de esta Ley;

Como sociedad no estamos listos para asumir y ejercer este derecho porque seguimos tratando de satisfacer otros aun más básicos insatisfechos como alimentación, salud, educación; y,

No hemos alcanzado el nivel mínimo de consciencia de participación ciudadana, en cuyo caso la Ley está muy adelante del real desarrollo de la sociedad ecuatoriana.

En el caso del primer argumento dice Marco Navas, de su libro Los Derechos de la Comunicación: “(…) existen redes bien organizadas que actúan en la oscuridad, pero de forma muy eficaz, en la recolección y asignación de recursos públicos. Y decimos redes, porque están conformadas por personas, cuentan con procedimientos, lógicas, recursos, fines y metas definidos. Lo que caracteriza a estas “organizaciones”, claro, es que responden a intereses particulares, que sirven para que pequeños grupos se enriquezcan inmoral e ilegalmente. Estas redes son instituciones ocultas, son muy fuertes y están bien organizadas. Son redes de corrupción que actúan a nuestras espaldas”. (Navas 2005)

Respecto a los otros dos argumentos, dicen mucho de un país con una historia democrática inestable, con sucesiones de dictaduras, derrocamientos, interinazgos y vulneración de las funciones del Estado, que han hecho que en Ecuador tarde más que en otros países de la región el desarrollo de una cultura de participación ciudadana efectiva y que logre conquistas de la sociedad civil frente al Estado.

Una noticia publicada recientemente refiere que en Chile se ha creado un sitio web llamado Poderopedia (AFP 2013).  En este web se recoge la información que tomada de bases de datos, estados financieros, actas de directorios y la relacionan con otros datos y fuentes, para hacer un mapeo de relaciones de poder de todos los funcionarios públicos y de los personeros de empresas privadas. Entre las razones de este sitio web está la de lograr una mayor transparencia.   Este es un buen ejemplo, producido en un país de nuestra región, de que con un real empoderamiento ciudadano, la información de lo público se convierte en una valiosa herramientas de lucha contra la corrupción y de participación ciudadana.

La situación desde la Defensoría del Pueblo

El Art. 11 de la LOTAIP otorga a la Defensoría del Pueblo la primera responsabilidad de promocionar, vigilar y velar por el cumplimiento de las garantías establecidas en esta Ley.

En la Defensoría del Pueblo funciona la Dirección de Transparencia y Acceso a la información, al frente de la cual está Christian Guaicha (Guaicha 2013).   Consultado sobre cuántas son las instituciones que tienen la obligatoriedad de cumplir la LOTAIP nos indicó: “Se ha realizado un catastro nacional de las entidades que están sujetas a la LOTAIP y se ha establecido que son entre mil cuatrocientas cincuenta y mil quinientas cincuenta.  De ellas, la función ejecutiva y la judicial han cumplido con la disposición en un 100%. Está muy cerca también la función electoral con la ventaja de que el Consejo de la Judicatura y la función electoral han organizado su información por provincias, apoyando a sus delegaciones a cumplir con la Ley”. Anexo I

Este alto índice de cumplimiento indicado por el funcionario se da en los términos exigidos por la Ley en el Art. 7, donde se enumeran una serie de puntos que deben ser informados como estructura orgánica, directorio institucional, remuneraciones o servicios que la entidad ofrece.

Menciona Guaicha que entre las instituciones donde se detecta un mayor grado de incumplimiento de la LOTAIP están las más descentralizadas y que por su esencia, se hallan más dispersas en el territorio nacional, por ejemplo en el Ministerio de Educación donde un colegio incumple pero esa responsabilidad debería corresponderle al órgano superior, es decir al provincial y al nacional, más que a cada institución.

“Otro caso especial son las juntas parroquiales y en general los gobiernos autónomos descentralizados GAD.  Con ellos hemos llevado a delante programas de capacitación y formación a sus recursos humanos pero no se la logrado aun que cumplan con lo que la ley establece”.  Especial impacto tiene en la estadísticas de cumplimiento formal de la LOTAIP la poca o ninguna participación de las juntas parroquiales, amplia mayoría dentro del segmento de los GAD y que son entidades que usualmente carecen de personal y fondos para cumplir esta obligación, más allá de que un muy alto porcentaje de sus habitantes vive en zonas rurales, dispersos y con bajos niveles de comunicabilidad, indicó Guaicha.

Los constantes cambios en la legislación ecuatoriana en estos últimos seis años, a raíz de la subida al poder de Rafael Correa, y su determinación por corregir viejos problemas en nuestra legislación han generado incertidumbre, inseguridad y desconocimiento de parte de los funcionarios públicos, en este caso los que son parte obligada en el cumplimiento de la LOTAIP.  Esto se evidencia en esta precisión de Christian Guaicha: “Muchas organizaciones confunden su responsabilidad con el acceso a la información pública con su obligación de rendir cuentas y suponen que con hacer esto último, está cumplida la obligación de la LOTAIP.  Esto no es así.  No son procesos excluyentes pero son distintos.  Nosotros vigilamos el cumplimiento de la LOTAIP; el Consejo de Participación Ciudadana vigila las rendiciones de cuentas.  Así, vemos que en Manabí hay un alto porcentaje de eventos de rendición de cuentas mientras que en El Oro hay un alto porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP”.

Esta última frase dice mucho de la idiosincrasia de los habitantes del Ecuador, donde lo que es mejor acogido en un lugar, puede no funcionar en otro y si bien una Ley establece principios generales, al momento de aplicarla deben considerarse características especiales si se quiere realmente lograr efectividad en el acceso a la información.

Para una situación como la descrita, indica el funcionario que se plantean a las instituciones alternativas como murales, carteleras. “Depende de cómo se organice la comunidad pero siempre es decisión del funcionario que tiene la responsabilidad en la entidad”, precisó.

 

Una lenta apropiación del derecho a la información

Consultado Guaicha por qué considera que el cumplimiento de esta ley ha ido tan lento en Ecuador, indica que obedece a una falta de visión integral del escenario de la LOTAIP: “Una razón es que la Defensoría del Pueblo no enfocó sus esfuerzos a trabajar con la ciudadanía sino que casi exclusivamente se dedicó a trabajar con las instituciones que deben cumplir la Ley.  Ahora se ha cambiado la perspectiva y se procura empoderar al ciudadano para que asuma su derecho de acceso a la información y ejerza la presión que hace falta para que se cumplan sus derechos.

Y es que ese ausente empoderamiento del ciudadano viene de una larga tradición de menosprecio a la persona común y corriente que se acerca a sus autoridades con la intención de obtener información que le permita vigilar la gestión de lo público, menosprecio utilizado para disimular corrupción o ineficiencia.  Guaicha describe esta situación: “los ciudadanos piden la información y si no la consiguen al primer intento, no insisten. Falta que hagan un seguimiento y control sobre sus peticiones.  Para enfrentar estos problemas, la Defensoría llevó adelante en el 2012 la Semana de la Transparencia, donde hubo eventos como conversatorios en colegios, conferencias, foros, ferias, para llegar al ciudadano y hablarle sobre su derecho de acceso a la información”.

En referencia a cómo llega la información al ciudadano, el Director de Transparencia de la Defensoría indicó que “Se han hecho cambios y existe una resolución sustitutiva que establece la forma en la que la información debe ser publicada pero aun así ya requerimos una nueva resolución que posibilite que la calificación de la información no sea solo cuantitativa sino cualitativa. También estamos implementando reformas para que la información sea de fácil acceso a personas con discapacidades”.

A la fecha no existen funcionarios sancionados por no haber cumplido con la LOTAIP, como indica Guaicha por cuanto no existe una sola vía de petición de información así que el ciudadano generalmente acaba recibiendo lo que ha solicitado por alguna vía alternativa.

La planificación 2013 de la Dirección Nacional de Transparencia de la Defensoría se ha establecido sobre la base de llegar más al ciudadano para que ejerza sus derechos y, por otro lado, seguir trabajando con los funcionarios públicos que son responsables del cumplimiento de la Ley.

Queda claro que lo que se ha realizado hasta el momento en lo referente al acceso a la información no ha sido suficiente ni óptimo.  Es más, existe el grave riesgo de que esta Ley mal aplicada produzca el efecto contrario: hacer creer al ciudadano que no tiene sentido tener este acceso ni invertir recursos en una actividad que no se ve produzca beneficios.

Planes de comunicación estratégica son indispensables para cambiar la situación actual que vivimos con la LOTAIP y poder convertirla en una ley para los ciudadanos y no solo una ley con buenas intenciones.

 

Bibliografía

AFP. «Un sitio web revela conflictos de interés.» Diario El Comercio, 17 de enero de 2013: 9.

Ecuador, Asamblea Nacional de. Constitución de la República del Ecuador. Quito: Asamblea Nacional de Ecuador, 2011.

Guaicha, Christian, entrevista de Sigrid Rodríguez. Evaluación del cumplimiento de la LOTAIP (17 de enero de 2013).

Navas, Marco. Los derechos de la comunicación. Quito: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, 2005.

 

Sr.2013

      


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