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What is the Ecuadorian Society of Bioethics? 

 

The Ecuadorian Society of Bioethics – SEB – was founded in Quito  in 2003 as a non-profit organization.  Its creation was motivated in part by its interest in the diversity of  various actors in civil society organizations and a desire to provide a place for dialogue and multiculturalism to address the conflicts that confront humanity as a whole such as globalization, the development of medico-biological research, biotechnology and data processing as well as a concern for human rights abuses, the destruction of our living planet, conflicts that put in danger the survival of all species, the rights and obligations of individuals, sustainable development,  social justice, equality and protection for of all forms of life. 

 

Considerations that affect all countries and the world’s populations are gaining in importance each day as they impact decision-making in scientific, cultural, social, economic, political, and scientific fields.   Ecuador cannot remain on the sidelines as citizens become more aware and demand that their rights be protected.  It was within this context that the Ecuadorian Society of Bioethics (SEB) was established with a national management structure that over the years has included a collection of agreements and partnerships with important national and international organizations. 

 


 

¿Qué es la Sociedad Ecuatoriana de Bioética?

La Sociedad Ecuatoriana de Bioética -SEB- nace en Quito, en el año 2003, motivada por una parte por el interés de diversos actores de la sociedad civil por generar un espacio de diálogo amplio y pluralista para tratar los conflictos que confronta la humanidad con la globalización, el desarrollo de la investigación médico-biológica, la biotecnología y la informática;  preocupada por el atropello a los derechos humanos y a la depredación del bioambiente, los conflictos que ponen en peligro la supervivencia de la especie, los derechos y deberes de los individuos, el desarrollo sustentable, la justicia social, la equidad y todas las formas de vida.

Consideraciones que comprometen a todos los estados y población mundial, que cada día, adquieren mayor peso en la toma de importantes decisiones en los ámbitos científicos, políticos, económicos, sociales, culturales y humanos.  Ecuador no puede permanecer al margen del despertar de una participación ciudadana en demanda de la atención a sus derechos.  En este marco, surgió la SEB con una gestión nacional que incluye a lo largo de estos años una ser de convenios y alianzas con importantes institucionales nacionales y extranjeras.

 

 

LAS PRESTACIONES DE SALUD EN

EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Autor:  PEDRO ISAAC BARREIRO

  

EL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO

 EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO

 

(UNA APROXIMACIÓN A SU HISTORIA)

 

 

I.- ACERCA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Existen numerosos acontecimientos históricos que, mirados de manera retrospectiva pueden ser catalogados como precursores o antecedentes de la Seguridad Social en el mundo. Habitualmente se sostiene que este sistema de protección social empezó a tomar características definidas y plenamente diferenciadas durante la época del canciller alemán Otto von Bismarck en cuya administración se redactaron: la Ley del 15 de junio de 1883, sobre seguros de enfermedad; la Ley del 16 de julio de 1884 sobre accidentes de trabajo y la Ley de 22 junio de 1889, sobre seguros de invalidez y vejez. Estas leyes ofrecían seguros que corrían a cargo del Estado y se financiaban  a través de la recaudación de impuestos.

Un evidente avance del proceso de construcción de la Seguridad Social en el mundo se produce el año 1919, gracias al texto del preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[1], cuyo segundo considerando dice “que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales” y, de inmediato propone considerar como urgente “mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas”.

Casi un cuarto de siglo más tarde se registra otro acontecimiento de similar trascendencia, cuando, en 1942, el economista y político británico William Beveridge presenta al Parlamento Inglés un informe acerca de la Seguridad Social y de las prestaciones que de ella se derivan[2], documento que en su parte medular preconiza que todo ciudadano en edad laboral debe pagar tasas que permitirán establecer prestaciones en caso de enfermedad, paro o jubilación, que asumidas por el Estado, permitirán a la industria nacional beneficiarse de aumento de la productividad, y, como consecuencia, de la competitividad. Dos años más tarde (1944), el mismo autor, en un trabajo complementario conocido como “Segundo Informe Beveridge” introduce un nuevo concepto: el de pleno empleo como una condición indispensable para garantizar la eficacia del sistema de protección social a través de prestaciones que permitan enfrentar al menos las siguientes necesidades: desempleo, incapacidad para el trabajo -ya sea por enfermedad o accidente-, pérdida del sostén de la familia, retiro laboral, necesidades de la mujer casada, muerte, atención durante la infancia.

En esta sucinta revisión no puede dejar de mencionarse la Declaración de Filadelfia[3] de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, mediante la cual se establece (entre otras), la obligación solemne de todos los países del mundo, de fomentar programas destinados a:

·         extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa;

·         proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones;

·         proteger a la infancia y a la maternidad.

A pocos años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos[4], la misma que a pesar de no ser un documento obligatorio o vinculante para los Estados, sirvió como base para la formulación posterior de varios Pactos, que por ser tratados internacionales, obligan a los Estados firmantes a cumplirlos. Esta Declaración, en su Artículo 25 establece que:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Para finalizar este resumen del desarrollo del concepto y la implantación de la Seguridad Social en el mundo, es necesario recordar que la Norma Mínima de Seguridad Social[5] Establecida en el Convenio 102 OIT, en 1952, establece que la protección que deben ofrecer los países que lo suscriben se estructurará, parcial y gradualmente, en las siguientes nueve ramas de prestaciones:

1.    Asistencia médica

2.    Prestaciones monetarias por enfermedad

3.    Prestaciones de desempleo

4.    Prestaciones de vejez

5.    Accidentes del trabajo y enfermedad profesional

6.    Prestaciones familiares

7.    Maternidad

8.    Invalidez

9.    Sobrevivientes.

Consciente de que las aceleradas transformaciones -en todos los campos del quehacer humano- que experimentan las actuales sociedades dificultan la definición de un concepto en permanente proceso de enriquecimiento y expansión como es el de la Seguridad Social, y ante la necesidad de lograr un acuerdo en esta materia, adoptaremos la definición más aceptada, propuesta por la OIT en 1951 que define a la Seguridad Social como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos[6]. Queda así consolidado el concepto de que “la salud como componente de la seguridad social se refiere, principalmente, a un seguro colectivo ante los riesgos de enfermedad y maternidad[7]

II.- LA SALUD Y LAS PRESTACIONES DE SALUD

Para nadie es desconocido que una de las principales preocupaciones del hombre a través de la historia, ha sido la enfermedad, es decir aquella “alteración más o menos grave de la salud”[8] que además de causar sufrimiento al individuo, limita o impide, en grado diverso, el desarrollo de las actividades y las funciones habituales de un organismo vivo. Además, dentro de los acontecimientos que normalmente han acompañado al fenómeno humano durante su evolución histórica, ninguno quizás haya adquirido -durante todas las épocas- la trascendencia e importancia que parecen tener, hasta hoy, aquellos relacionados con el proceso salud-enfermedad de los individuos y de las poblaciones.

Esta tendencia universal, de alguna manera, ha contribuido a consolidar la creencia -casi dogmática- de que la atención a la salud, o mejor dicho, la atención a la enfermedad es y debe ser una de las más importantes e inaplazables aspiraciones de los conglomerados humanos. Desde esta perspectiva, parece una consecuencia lógica, que todos los programas denominados genéricamente como de “seguridad social” involucren como uno de sus componentes esenciales esa atención, infortunadamente reducida, en la realidad, tanto conceptual cuanto operativamente, a una atención “médica”[9].

Bien puede comprenderse, entonces, que las persona enfermas se encuentran impedidas o limitadas para cumplir a cabalidad con un trabajo, y, por lo mismo, dejan de ser consideradas -temporal o definitivamente- como entes productivos, lo cual, a la larga, afecta los intereses de una colectividad. El Estado, como organización responsable de administrar las instituciones de una colectividad se constituye, ipso facto en un defensor de su fuerza de trabajo, única fuente de plusvalía que garantiza la generación de valor en un sistema de producción capitalista, y para el efecto instaura programas financiados con contribuciones obligatorias -en proporciones que varían entre países y programas-, generalmente tripartitas (aunque predominantemente pagadas por los trabajadores y los empleadores), que garantizan un nivel de ingresos a los individuos o a las familias en los eventos de retiro, incapacidad o muerte, y que además les proveen un seguro o subsidios para los gastos en salud, cuidado infantil y otros beneficios[10].

En el Ecuador, prácticamente desde comienzos del siglo pasado, la atención a los problemas de salud de la población estuvo bajo la responsabilidad de la “Asistencia Pública”, organizada  en tres Juntas Centrales ubicadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, y en las correspondientes Juntas Provinciales, cuyo accionar “impregnado de la noción de caridad hacia los pobres que caracterizó a la medicina en la época colonial”[11] se mantuvo durante varias décadas del siglo veinte. Una clara demostración de la creciente preocupación del Estado por los problemas de salud de la población fue la expedición de la “Ley de Beneficencia”, más conocida como la “Ley de manos muertas”, cuyo primer artículo decía: “Decláranse del Estado todos los bienes raíces de las comunidades religiosas establecidas en la República”, y, a renglón seguido, mandaba que la mitad de las rentas de esos bienes debían ser adjudicados hospitales  y obras sociales[12].

A pesar de que, como hemos reseñado brevemente, el concepto de “Seguridad Social” abarca mucho más que las instituciones creadas con esa denominación genérica para atender algunas de las necesidades esenciales[13] de los individuos y las colectividades, para los fines del presente trabajo bien puede asegurarse que la historia de los servicios de salud del actual Sistema de Seguridad Social Ecuatoriano se inicia el 8 de julio de 1936 con la creación, organización y funcionamiento del “Departamento Médico” (dirigido por el Doctor Pablo Arturo Suárez) como un organismo técnico-administrativo dependiente del Instituto Nacional de Previsión, institución que, a su vez, había sido creada en diciembre de 1935 por el Ing. Federico Páez, en su calidad de Encargado del Mando Supremo de la República, mandatario que mediante Decreto Supremo N° 18, había expedido la Ley del Seguro General Obligatorio, publicada en el Registro Oficial No 87, el 13 de enero de 1936.

Llegados a este punto, es indispensable recordar que la inicial “Caja de Pensiones”, pilar fundamental de la institución que llegaría a ser el “Seguro Social” ecuatoriano, había sido creada, 8 años antes, el 8 de marzo de 1928[14], durante el gobierno del doctor Isidro Ayora, exclusivamente como una institución de crédito, con personería jurídica, mediante la Ley de Jubilación, Montepío Civil, Ahorro y Cooperativa.

La expedición de la ley y la colaboración de la Asistencia Pública hicieron posible que el Primero de Mayo de ese mismo año (1936) se pusiera en funcionamiento el primer servicio médico de la seguridad social en el Ecuador, adscrito al Hospital San Juan de Dios[15], en la ciudad de Quito, el mismo que, poco tiempo después “se independizó” y se ubicó temporalmente en la calle Pichincha (actual calle Benalcázar), y luego, una cuadra más hacia el oriente -en la calle García Moreno, en su intersección con la calle Manabí- ya con la denominación de Dispensario N° 1, también conocido como Dispensario Central. Ésta  fue pues, en realidad, la primera unidad prestadora de servicios de salud “propia” dentro del naciente sistema de seguridad social ecuatoriano. Los pacientes -inicialmente obreros y empleados privados- que requerían tratamientos con internación eran enviados a los servicios denominados “pensionados” de los hospitales “San Juan de Dios” y “Eugenio Espejo”, éste último había sido inaugurado el 24 de mayo de 1933, luego de un largo proceso de construcción iniciado con una simbólica “primera piedra” en 1901, durante el gobierno de don Eloy Alfaro.

Luego del gigantesco primer paso que significó la creación y puesta en funcionamiento del “Dispensario Central” en la ciudad de Quito (1936), la expansión de los servicios de salud del Departamento Médico adquirió tal impulso que para finales del siguiente año ya sumaban 11 unidades, la mayoría de ellas creadas con la colaboración de la Asistencia Pública[16] e instaladas dentro de los propios “hospitales civiles” que es como se denominaba hasta entonces a los hospitales públicos. Las ciudades de Cuenca, Ambato, Riobamba, Guayaquil, Portovelo, Loja, Manta y Portoviejo fueron las favorecidas inicialmente en este proceso altamente beneficioso para la población afiliada y para la consolidación del creciente prestigio de la Seguridad Social ecuatoriana que para 1941, es decir en un periodo de apenas 6 años, llegó a contar con 34 dispensarios, algunos de ellos creados y puestos a funcionar con la colaboración de empresas privadas, especialmente aquellas vinculadas a la industria textil y la minería.

Durante este periodo de la historia del Ecuador (década de los años treinta), la seguridad social experimentó un significativo fortalecimiento práctico y conceptual con la expedición del Código del Trabajo (1938), que incorporó una nueva categoría en materia de protección a los trabajadores, al establecer obligaciones de los empleadores (“patronos”) frente a los “riesgos del trabajo”, contribuyendo así a la consolidación y ampliación de las bases conceptuales, tanto de lo que sería la “medicina preventiva”, cuanto de las reparaciones de los daños a la salud ocasionados por el trabajo.

Diez años más tarde, en diciembre de 1946, como respuesta a las crecientes necesidades de la población afiliada -que además se había incrementado notablemente con la incorporación de los empleados públicos y bancarios[17]-, y con el impulso renovador y visionario del doctor Carlos Andrade Marín, el Dispensario Central de Quito, fue objeto de una gran expansión en su área física -gracias a la adquisición y adecuación de un edificio de departamentos ubicado en la misma vecindad-, y, debidamente equipado fue “transformado” en “la Clínica del Seguro”, unidad que, con una dotación inicial de 80 camas, marcó un verdadero hito en la historia de los servicios de salud en nuestro país, tanto por la calidad de los profesionales que en ella laboraban, cuanto por las innovaciones terapéuticas que, apoyadas en un avanzado equipamiento, se pusieron en práctica en sus diversas especialidades[18].

Los inevitables cambios en la conducción política del Ecuador determinaron también profundos cambios en la estructura de las instituciones del Estado, especialmente de aquellas creadas para atender las necesidades prioritarias de la población, como la salud y la educación. Fue así como el Departamento Médico “del Seguro” adquirió personería jurídica y autonomía el 16 de julio de 1958 a través de un Decreto Ley de Emergencia expedido por el Doctor Camilo Ponce Enríquez. Cinco años más tarde, en septiembre de 1963, la Junta Militar de Gobierno, presidida por el almirante Ramón Castro Jijón expidió el Decreto Supremo N° 517 que determinó la fusión de las Cajas de Previsión y la conformación de la Caja Nacional del Seguro Social, dentro de cuya estructura el Departamento Médico continuó manteniendo su personería jurídica, financiamiento y contabilidad propios. Inclusive cuando el 2 de julio de 1970 el Doctor José María Velasco Ibarra dispuso, mediante Decreto N° 40 la sustitución de la “Caja Nacional del Seguro Social” por el “Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, la autonomía del Departamento Médico fue expresamente mantenida[19].

La personería jurídica del Departamento Médico, fue suprimida el 24 de octubre de 1970, durante la dictadura del General Guillermo Rodríguez Lara mediante Decreto Supremo N° 1111 con el que se modificó la estructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Departamento Médico pasó entonces a ser la Dirección Nacional Médico Social, denominación que se mantuvo durante treinta y tres años, hasta el 5 de agosto del 2003, fecha en la que el Consejo Directivo del IESS, mediante Resolución N° 015, y con la finalidad de adecuar la estructura orgánica del instituto con las disposiciones de la Ley de Seguridad Social (expedida en noviembre del 2001), cambió nuevamente su denominación, y pasó a llamarse Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, denominación más acorde con los procesos de salud y de enfermedad propios de la especie humana para cuya atención se requieren recursos e intervenciones que rebasan la visión “médica” característica de los servicios creados para este fin.

El lento incremento de la población afiliada -siempre vinculada a la existencia de una relación de dependencia patronal- y la creciente demanda de atención a los problemas de salud, especialmente de los grupos más vulnerables, propiciaron, en 1951, el inicio del denominado “Servicio Médico para Jubilados”, financieramente solventado con “una parte de los ingresos del Seguro General por un valor de 100.000 sucres anuales”[20], cuyo monto fue incrementándose a través de posteriores ordenanzas dictadas por el Instituto Nacional de Previsión. Las bajas coberturas alcanzadas durante la primera mitad del siglo veinte y la creciente presión de la población para acceder a los servicios de la seguridad social determinaron que, a partir de 1964, se incorporen nuevos grupos de población a través de los denominados “regímenes especiales”, entre los cuales se cuentan, en orden cronológico, los artesanos, los trabajadores domésticos, los profesionales, los miembros del clero secular, los escogedores de café, los pescadores asalariados, los campesinos independientes, los trabajadores agrícolas, los choferes, los trabajadores autónomos, los futbolistas profesionales, las amas de casa, los cónyuges y los migrantes que voluntariamente manifiesten su voluntad de ingresar al sistema.

A finales de 1970, con 312.800 afiliados (5.1 % de la población ecuatoriana), la capacidad instalada de servicios de salud -comúnmente llamada “infraestructura”- del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sumaba 45 unidades (entre ambulatorios y servicios con hospitalización)[21], la mayoría de ellas concentradas en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y El Oro. En Cuenca funcionaba, desde el 3 de noviembre de 1969 el Hospital Regional, y en Riobamba el denominado “Policlínico”, que había sido inaugurado apenas una semana más tarde (11 de noviembre de 1969).

Una mención aparte merecen los dos más grandes nosocomios de la Seguridad Social Ecuatoriana: el Hospital “Dr. Carlos Andrade Marín”, inaugurado el 30 de mayo de 1970 en la ciudad de Quito, y el Hospital Regional (posteriormente llamado “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”), inaugurado el 7 de octubre de ese mismo año, en la ciudad de Guayaquil, luego de un largo proceso que duró alrededor de 15 años, desde la contratación de sus diseños arquitectónicos, en 1956, la suscripción del contrato para la construcción en 1961, hasta su inauguración e inicio de la atención a los afiliados en el año referido (1970). Correspondió al Doctor José María Velasco Ibarra, como Presidente Constitucional de la República inaugurar el hospital de Quito, y al mismo mandatario, ya como Jefe Supremo (el 21 de junio se había proclamado Dictador), hacer lo mismo con el hospital de Guayaquil.

Las transformaciones políticas experimentadas en el Ecuador durante la segunda mitad del siglo veinte determinaron cambios profundos en la estructura de la institución de la seguridad social (las iniciales “Caja” de Pensiones y “Caja del Seguro”, progresivamente se transformaron en la “Caja Nacional del Seguro Social”, y luego, en 1974, en el “Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”) lo cual determinó, entre otras cosas, también el cambio de denominación de las unidades prestadoras de servicios de salud que, de la denominación genérica de “dispensarios médicos” pasaron a llamarse, de acuerdo con su tamaño y complejidad, dispensarios Tipo “A”, “B” y “C”, y posteriormente -y hasta la actualidad- “Unidades de Atención Ambulatoria”,  “Centros de Atención Ambulatoria” y “Hospitales del Día”. Igual cambio de denominación sufrieron los servicios con internamiento, que de “clínicas” y “policlínicos”, pasaron a ser Hospitales, “Provinciales” y “Regionales”.

Al cabo de 75 años de haberse inaugurado y puesto en funcionamiento la primera unidad prestadora de servicios de salud “propia” de la seguridad social, el número de unidades ha crecido exponencialmente, y, al finalizar el año 2010, la población afiliada cuenta con 3 hospitales de Nivel III, 11 hospitales de Nivel II, 5 hospitales de Nivel I, 1 hospital del día, 25 Centros de Atención Ambulatoria, y 44 Unidades de Atención Ambulatoria (Cuadro N° 1). De la misma manera, el número de camas para hospitalización -que se incrementó notablemente en la década de los años setenta con la inauguración de los tres grandes hospitales-, pasó, de las 80 camas de la pionera “Clínica del Seguro”, a las 2.300 camas hoy disponibles[22]. De los altamente riesgosos procedimientos utilizados en las salas de operaciones para anestesiar a los pacientes, utilizando éter, o cloroformo, o pentotal[23], se pasó a la utilización de sofisticadas máquinas dosificadoras de gases y al desarrollo de la anestesiología como especialidad médica; los limitados recursos técnicos disponibles en los inicios para establecer un diagnóstico preciso y oportuno han evolucionado con tal celeridad que hoy ya no resulta extraño explorar y obtener imágenes dinámicas y muestras de tejidos del interior de vasos sanguíneos, conductos y cavidades hasta hace algunos años inaccesibles al ojo del profesional de la medicina. La adquisición de equipos de la más avanzada tecnología, ya sea para procedimientos diagnósticos o terapéuticos, a pesar de los engorrosos procesos que es necesario observar para ello, ha sido una permanente característica de los hospitales del IESS, especialmente de los del III nivel. Nuestros hospitales pasaron, como la mayoría de grandes centros médicos de los países desarrollados, del tradicional tubo de Rayos X y el procesamiento manual de placas hasta la Tomografía Axial Computarizada (TAC) y la Resonancia Magnética; del conteo manual de las células sanguíneas a los procedimientos digitales para múltiples determinaciones simultáneas con informes automáticos y precisos, tanto de elementos figurados como de mediciones de metabolitos, hormonas y otros elementos químicos circulantes; de la prescripción de órtesis, y administración de analgésicos y antiinflamatorios para problemas degenerativos de las superficies articulares, al reemplazo total de grandes articulaciones como la coxo-femoral y la articulación de la rodilla.

 

CUADRO N° 1

 

UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD DEL IESS - 2010

(SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD)

 

 

TIPO DE UNIDAD

 

 

LOCALIZACIÓN

 

HOSPITALES

NIVEL III

 

Quito, Guayaquil Cuenca

(3)

 

HOSPITALES

NIVEL II

 

Ibarra, Latacunga, Ambato, Riobamba, Loja, Esmeraldas, Manta, Portoviejo, Babahoyo, Milagro, Machala

(11)

 

HOSPITALES

NIVEL I

 

Chone, Guaranda, Puyo, Ancón, Durán

(5)

 

HOSPITAL DEL DÍA

 

Guayaquil

(1)

 

 

CENTROS DE

ATENCIÓN

AMBULATORIA

 

Tulcán, Otavalo, Nueva Loja, Quito (Central, Chimbacalle, El Batán, Cotocollao, Sur-Occidental, San Juan), Santo Domingo de los Colorados, Alausí, Cuenca, Azoguez, La Troncal, Loja, Zamora, Bahía de Caráquez, Jipijapa, Quevedo, Guayaquil (Central, Letamendi, Norte, Sur Valdivia), La Libertad, Piñas.

(25)

 

 

 

UNIDADES DE

ATENCIÓN AMBULATORIA

 

El Ángel, San Gabriel, Cotacachi, Atuntaqui, Cayambe, Tabacundo, Quito (La Ecuatoriana, Sangolquí, Amaguaña, Machachi), Píllaro, Baños, Riobamba (Parque Industrial), Chunchi, San Miguel, Cañar, Cariamanga, Celica, Macará, San Lorenzo, El Carmen, Calceta, Portoviejo, Los Esteros, Paján, El Empalme, Vinces, Ventanas, Daule, Balzar, Bucay, Portovelo, Santa Rosa, Pasaje, Zaruma, Huaquillas, Tena, El Coca, Macas, Sucúa, Gualaquiza, Zumba, Puerto Baquerizo, Puerto Ayora.

(44)

Tal como asegura uno de sus Ex-Directores[24], el Hospital Carlos Andrade Marín “fue el primero en contar con un Servicio de Emergencias que labora durante 24 horas, fue el iniciador de las modernas técnicas de diagnóstico por imágenes y gabinete, marcó el inicio de la endoscopía en el país, llevó adelante el primer programa sólido de transplante renal, marcó hitos en la cirugía ortopédica, constituyó un referente para la neurocirugía, definió los horizontes de la urología y formó una reconocida escuela para la cirugía biliar” y la cirugía de cáncer gástrico. Esta afirmación, que bien puede aplicarse -probablemente en grado diverso- a los otros hospitales de nivel III, se complementa con el trascendental rol que estas unidades han cumplido, a través de convenios con varias universidades del Ecuador, como formadoras de recursos humanos para la salud, tanto desde el nivel de pre-grado (internado rotativo), cuanto de post-grado, proveyendo de especialistas de elevada calidad científica y ética, a otras unidades propias de la Seguridad Social, del Ministerio de Salud Pública y de otras instituciones públicas y privadas encargadas del cuidado de la salud de la población.

 

CUADRO N° 2

 

PRODUCCIÓN DE CONSULTAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS IESS

1980-2010*

 

 

1980

1990

2000

2010

CONSULTA EXTERNA

2.259.811

3.037.621

2.903.842

4.145.821

EMERGENCIAS

204.656

276.005

558.122

923.313

DISPENSARIOS ANEXOS

511.070

766.789

558.122

535.744

EGRESOS HOSPITALARIOS

47816

60.262

68.517

114.516

ALTAS

46.623

58.973

66.757

112.126

DEFUNCIONES

1.193

1.289

1.760

2.390

 

FUENTE: Boletín Estadístico N° 16 – IESS

                Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones

               *En unidades del Seguro General de Salud Individual y Familiar

Las cifras que se presentan en el Cuadro N° 2 confirman el crecimiento que la Seguridad Social ha experimentado como proveedora de servicios de salud en los 30 años más recientes. A pesar de ello, para nadie es desconocido que existe un importante volumen de población -no cuantificado- que no puede acceder a ellos, debido a varios factores, entre los cuales los principales parecen ser: capacidad instalada insuficiente; profundización del concepto de “derecho a la atención”, tanto como afiliado al IESS, cuanto como ciudadano ecuatoriano; disponibilidad de tratamientos para enfermedades que hasta hace pocos años no podían ser resueltas; alta incidencia de traumatismos ocasionados por vehículos a motor; progresivo encarecimiento de la atención en servicios de salud privados debido al uso intensivo de tecnología “de punta”; incremento de patologías crónicas, degenerativas y catastróficas; variación del perfil demográfico de la población, etc.

El crecimiento de la demanda insatisfecha, agravado por la incorporación de nuevos grupos de población (cónyuges e hijos de afiliados de hasta 18 años, por ejemplo) sin que se hayan adecuado los servicios de salud, que fueron diseñados para un grupo etáreo diferente, incrementaron el problema y la insatisfacción de la población afiliada. En un intento por mejorar la imagen institucional y evitar las crecientes, desordenadas y en ocasiones humillantes aglomeraciones en las ventanillas dispensadoras de “turnos” para obtener una cita médica (en algunos hospitales se formaban “colas” desde muy tempranas horas de la madrugada), se contrataron, en el 2009, los servicios de un Centro de Llamadas (“Call Center”), que, si bien es cierto que hizo desaparecer las aglomeraciones y el ya acostumbrado desorden matutino, no ha logrado resolver el problema de fondo ni la frustración del asegurado, incrementados por la intensa promoción que se realizó con respecto a las bondades de ese servicio.

El problema de la demanda insatisfecha, observado desde varias décadas atrás, pero intensificado por las razones expuestas en el párrafo precedente, ha presionado al IESS -específicamente al Seguro General de Salud Individual y Familiar- a desarrollar varios mecanismos y estrategias para su solución. Uno de ellos es la expansión de servicios de salud “propios”, ya sea a través de la construcción de nuevos hospitales, (como el recientemente inaugurado “Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López” en la ciudad de Guayaquil), o, excepcionalmente, la compra de unidades de salud (como es el caso del Hospital San Francisco en la ciudad de Quito) o de edificios para  la instalación de consultorios médicos. En todo caso, cualquiera de las estrategias anotadas requiere de procesos técnicos, administrativos y legales que toman un tiempo incompatible con las apremiantes necesidades de la población.

El otro mecanismo es la compra de servicios de salud a unidades (empresas) privadas que previamente han sido acreditadas y contratadas para el efecto, proceso que toma poco tiempo y que se viabiliza a través de la aplicación de un tarifario de aplicación obligatoria en todo el Sistema Nacional de Salud, expedido mediante Acuerdo Ministerial N° 0319 en mayo del 2011[25]. Este segundo mecanismo ha posibilitado mejorar la oportunidad en la atención a los asegurados, pero al mismo tiempo ha ocasionado una preocupante y progresiva distorsión en las asignaciones presupuestarias pues el año 2010, el pago a prestadores externos ascendió a 185.000.000 USD, y la proyección de pagos para el 2011 llega a los 260.000.000. De estos valores, los mayores porcentajes corresponden al pago por servicios de salud recibidos por la población jubilada en servicios privados (30.5% en 2010 y 22.9 % en 2011); y, en segundo lugar, pagos por hemodiálisis (19.8 % en 2010 y 17.5% en 2011). La compra de servicios de salud se ha complementado en fecha reciente con la contratación individual de médicos en ejercicio privado -previamente acreditados-, especialmente para ayudar a atender la demanda existente en las ciudades más grandes del país.

Y una tercera estrategia, destinada tanto a reducir el volumen de la demanda insatisfecha, cuanto el creciente gasto en servicios de salud, ha sido el reforzamiento de las acciones comúnmente denominadas “preventivas” a través de la contratación de un importante número de profesionales especialistas en medicina familiar, distribuidos en diversas unidades en todo el país, cuya labor se fundamenta en una norma recién expedida[26], que intenta lograr un cambio positivo en la cultura técnico-administrativa de los servicios, a través del desarrollo de sistemas prestacionales basados en la Atención Primaria de Salud, y la incorporación de nuevas iniciativas, como las de la Carta de Ottawa para la promoción de la Salud[27]. Debido al escaso tiempo transcurrido desde su expedición, los resultados aún no son conocidos ni se han definido indicadores para medir el impacto que su ejecución puede tener sobre el comportamiento de la demanda.

Las unidades de salud de la Seguridad Social, consideradas como elementos de un sistema de servicios integrados, hoy disponen de la más reciente tecnología para procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos que hasta hace pocos años solamente podían realizarse en algunos hospitales extranjeros. La adquisición y puesta en funcionamiento de modernos quirófanos “inteligentes”, láser verde (Green Láser HPS) para cirugía urológica, tomógrafos multicortes de 128 canales, angiógrafos digitales, y la inminente instalación de aceleradores lineales para cada uno de sus tres hospitales de Nivel III, constituyen un importante paso hacia adelante en el desarrollo de la medicina ecuatoriana.  

Finalmente, una visión panorámica de la prestación de salud dentro de la Seguridad Social Ecuatoriana no debería dejar de comentar al menos algunos asuntos relacionados con los medicamentos, elemento crítico dentro de cualquier sistema de salud alrededor del cual giran tantos aspectos culturales, económicos, científicos, políticos y legales que rebasan las facultades y capacidad de las instituciones para asumirlos, coordinarlos y armonizarlos.

El largo -y en ocasiones interminable- proceso para adquirir medicamentos y para, finalmente, ponerlos a disposición de las unidades de salud oportunamente y en cantidades suficientes, ha determinado un histórico desabastecimiento que no ha logrado ser resuelto hasta la actualidad. El  problema se inicia en el momento mismo de definir cuáles son los medicamentos que la población realmente necesita, y continúa al tratar de cuantificar esas necesidades, estandarizar parámetros de calidad, fijar precios referenciales para determinar los recursos financieros necesarios para su adquisición, convocar a concursos, seleccionar las mejores ofertas, adjudicarla al oferente ganador, iniciar el proceso de contratación, suscribir los contratos -protocolizarlos cuando por el monto se deba hacerlo-, notificar a las unidades de salud para que realicen sus pedidos, recibir los productos, almacenarlos y, entregarlos al destinatario final: el asegurado.

El número de medicamentos que no son ofertados o que, habiéndolo sido, no son adjudicados o contratados; los nuevos productos introducidos en el mercado para tratar con mayores posibilidades de éxito algunas graves patologías, pero que carecen de Registro Sanitario y de precios fijados oficialmente; los medicamentos que, a pesar de tener Registro Sanitario no forman parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos; las preferencias de algunos pacientes y -en menor proporción- de algunos profesionales con respecto a marcas y nombres específicos de algunos medicamentos, son, entre otros, estrechos cuellos de botella extra-institucionales que la administración no ha logrado resolver hasta ahora. Ni siquiera la aplicación de los procedimientos determinados por la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008) lograron resolver el problema, y más bien congestionaron y volvieron más lentos los procesos habituales -especialmente de contratación- del nivel administrativo central institucional y profundizaron el desabastecimiento, no sólo de medicamentos, sino también de otros insumos indispensables para la atención a la salud, y obligaron a la administración superior institucional a la emisión de disposiciones emergentes, tales como la de solicitar al Ministerio de Salud Pública autorización para la importación directa de algunos medicamentos repetitivamente declarados desiertos en los procesos convocados; o la autorización para que cada unidad prestadora de servicios de salud compre porcentajes variables del volumen total programado para un año, medidas que, desafortunadamente, tampoco lograron resolver de manera definitiva el problema que se ha constituido en un permanente desafío para quienes administran esas unidades.

CUADRO N° 3

 

LOS CUATRO PRIMEROS GRANDES HOSPITALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ECUADOR

 

 

UNIDAD

 

CIUDAD

 

INAUGURACIÓN

 

PRIMER DIRECTOR

1

Hosp. Regional

Cuenca

Noviembre 3 de 1.969

Dr. Alonso Quintuña

2

Hospital

Riobamba

Noviembre 11 de 1969

Dr. Julio Guijarro Polo

3

Hosp. Regional

Quito

Mayo 30 de 1970

Dr. César Del Pozo

4

Hosp. Regional

Guayaquil

Octubre 7 de 1970

Dr. Efrén Jurado López

 

 

 

 

 

 

1-     El Hospital Regional de Cuenca estuvo ubicado en La Avenida Huayna Cápac. El actual Hospital “Dr. José Carrasco Arteaga” fue inaugurado el 1° de noviembre del 2000, y su primer Director fue el Dr. Guillermo Aguilar Maldonado.

2-     El actual Hospital de Riobamba fue inaugurado el 12 de agosto de 1992.

3-     El Hospital Regional de Quito se denominó, desde su inauguración, como “Dr. Carlos Andrade Marín”.

4-     El Hospital Regional de Guayaquil fue bautizado, en fecha posterior a su inauguración como “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”.

 

III.- LAS PRESTACIONES DE SALUD EN EL SEGURO CAMPESINO

 

El 16 de octubre de 1935, mediante Decreto N° 467, el ingeniero Federico Páez, Encargado del Mando Supremo de la República dispuso a la Dirección del Tesoro “la emisión de un timbre postal de tres centavos (0.03 sucres) “para incrementar los fondos del Seguro Social Campesino”[28], constituyéndose éste en la base fundamental de la extensión de la protección social que, al cabo de 33 años -es decir, en 1968, y basándose en un proyecto presentado al Instituto Nacional de Previsión por la Economista Fabiola Cuvi-[29], se materializaría con la incorporación de 4 comunas rurales al sistema de seguridad social ecuatoriano, a las cuales, mediante un “Convenio de Aplicación del Plan Piloto de Seguridad Social Campesina” se les proporcionaría prestaciones de Medicina Preventiva, Enfermedad y Accidente, Maternidad, Invalidez y Auxilio de Funerales.

Estas cuatro comunas, que marcaron un hito en la historia de la Seguridad Social latinoamericana, fueron: Palmar en Guayas, La Pila en Manabí, Yanayacu en Imbabura y Guabug en Chimborazo[30]-[31]. El nuevo sistema de protección social inaugurado como “Plan Piloto” constituyó un trascendental avance conceptual al incorporar, por primera vez, a la familia como sujeto de afiliación, derribar la barrera de la dependencia “patronal” para acceder al sistema y asignar a la propia organización campesina la responsabilidad de la recaudación de los aportes. Las 614 familias inicialmente incorporadas, conformadas por 2.523 personas fueron incrementándose progresivamente hasta llegar, a finales del 2010, a más de 950.000, como se evidencia en el Cuadro N° 3.

El crecimiento de la población asegurada determinó la expansión del número de dispensarios comunitarios que, de los cuatro iniciales (1968), pasaron a ser 575 al finalizar el siglo XX y 620 a mediados del año 2011.

 

CUADRO N° 3

 

NÚMERO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS, FAMILIAS Y PERSONAS INCORPORADAS AL SEGURO CAMPESINO, POR PERIODOS DECENALES

 

AÑO

ORGANIZACIONES

FAMILIAS

PERSONAS

1968

4

614

2.523

1970

4

533

2.699

1980

263

20.872

107.900

1990

1.780

113.391

614.921

2000

2.712

207.568

962.177

2010

2.960

261.281

965.708

 

Fuente: Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones SSC

              (Los datos del año 2010 corresponden a 30 de junio de 2011)

Desde sus inicios, y durante los 43 años de funcionamiento del Seguro Social Campesino (SSC) la prestación “por enfermedad” siempre estuvo orientada, de manera muy marcada en acciones de tipo preventivo con amplia participación comunitaria[32], y, más específicamente, con lo que durante muchos años se denominó, genéricamente “educación para la salud”, acciones que cuatro años más tarde fueron perfeccionadas conceptualmente en la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas llevada a efecto en Santiago de Chile en octubre de 1972, como producto de la cual se estructuró el “Plan Decenal de Salud para las Américas”[33].

El programa del Seguro Social Campesino se vio conceptual y políticamente fortalecido a raíz de la Conferencia de Alma-Ata de 1978 en la que se delinearon los componentes esenciales de la Atención Primaria de Salud (APS)[34], estrategia que para ese entonces llevaba 10 años de aplicación en el Ecuador, tanto en los dispensarios comunitarios del SSC cuanto en los “subcentros” del Ministerio de Salud Pública, estos últimos ubicados en las cabeceras de las parroquias rurales del Ecuador.

Frente a las reiteradas críticas y objeciones que durante cerca de 20 años recibió el Seguro Campesino -responsabilizándolo, por ejemplo, de las crisis de los servicios de salud del Seguro General Obligatorio; de estar “medicalizando el campo”; de fomentar el “paternalismo”, etc.-, las mismas que, afortunadamente han disminuido progresivamente, es necesario recordar que desde su inicio, este programa, partió de la premisa de que la solidaridad nacional debía ser dirigida a la solución de las necesidades más sentidas de la población rural de nuestro país: la atención a la salud y la protección durante la vejez y la incapacidad física[35], y que su creación, su permanencia y su fortalecimiento permiten aseverar que en sus 43 años de funcionamiento, ha sido la medida más importante adoptada para romper la barrera estructural que se interpone para alcanzar la universalización de la cobertura de la Seguridad Social en el Ecuador[36]

De acuerdo con la Ley de Seguridad Social (Nº 2001-55), expedida en noviembre 30 de 2001, el Seguro Social Campesino otorga prestaciones de salud y maternidad, y protección frente a las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte.

Las prestaciones de salud y maternidad comprenden acciones de promoción de la salud; prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales; recuperación y rehabilitación de la salud del individuo; atención odontológica preventiva y de recuperación; y, atención del embarazo, parto y puerperio, con especial énfasis en los programas de saneamiento ambiental y desarrollo comunitario de las áreas rurales y se enmarcan, como dijimos, dentro de los lineamientos de la Atención Primaria de Salud a fin de garantizar la equidad a través de la cobertura y el acceso universal a los servicios[37]. Por tanto, sus prestaciones comprenden la defensa, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud de los afiliados a través de asistencia y tratamiento médico; e incluyen no solamente la asistencia médica y farmacológica propiamente dicha, sino también acciones de educación para la salud y de mejoramiento de las condiciones ambientales de la comunidad, a través de la participación comunitaria. Mediante un sistema de regionalización de servicios se posibilita la transferencia y atención de afiliados hacia unidades de atención a la salud de más alta complejidad, ya sean éstas del IESS (Seguro General de Salud Individual y Familiar), del Ministerio de Salud Pública, o inclusive privadas sin fines de lucro acreditadas por el propio IESS, con las cuales existan convenios vigentes para el efecto. La atención a la enfermedad no profesional comprende las mismas prestaciones que se otorgan a través del Seguro General de Salud Individual y Familiar. La atención a la maternidad contempla el control prenatal, la atención del parto y el control del recién nacido y del puerperio.

La atención odontológica incluye examen bucal, profilaxis, exodoncia y operatoria dental, realizados a través de profesionales a cargo de unidades odontológicas (inicialmente portátiles) que se iniciaron cubriendo un promedio de cinco dispensarios cada una, con visitas programadas de acuerdo con el volumen de población afiliada y que, progresivamente pueden constituirse en servicios permanentes, a medida que crece el número de asegurados.

Las prestaciones relacionadas con la salud se otorgan principalmente a través de la unidad operativa básica del Seguro Campesino, el Dispensario Comunitario, el mismo que, al iniciarse el programa en una organización campesina, funciona en un local que la comunidad provee y en el que se han hecho las adecuaciones mínimas necesarias para su funcionamiento. Al cabo de un tiempo variable (entre uno y tres años aproximadamente), se decide la construcción del dispensario definitivo sobre un terreno que la comunidad dona a la institución. En los Dispensarios Comunitarios laboran una auxiliar de enfermería, uno o dos médicos –siempre dependiendo del volumen de población- que en ocasiones atienden entre uno y dos dispensarios ubicados en la misma zona geográfica, mediante visitas periódicas en días fijos, y un odontólogo que, con un equipo simplificado complementa el equipo básico para la atención. El incremento del número de consultas otorgadas en los dispensarios comunitarios durante los últimos 30 años se demuestra en el Cuadro N° 4.

 

CUADRO N° 4

 

NÚMERO DE DISPENSARIOS, CONSULTAS MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 1980-2010

 

AÑO

DISPENSARIOS

C. MÉDICAS

C. ODONTOLÓGICAS

1980

100

136.228

14.119

1990

487

627.579

20.596

2000

577

774.986

162.766

2010*

620

942.256

395.707

 

 

 

 

                      Fuente: Boletín Estadístico IESS N° 16

                      *Cifras proyectadas

Los dispensarios se construyen en base de un diseño estandarizado, para lo cual el Seguro Social Campesino generalmente provee la mayor proporción de los recursos económicos necesarios para su construcción, y la comunidad aporta con terreno, mano de obra y materiales de la zona. La construcción abarca una superficie de 120 m2 y está dividida en siete ambientes, destinados a bodega, clínica, estación de enfermería, odontología, sala de espera, y observación y permite ampliaciones a medida que crece la población beneficiaria y el número de profesionales que a él se destinan. En cada dispensario existen equipos, instrumental e insumos en cantidades adecuadas y acordes con el nivel de complejidad de la unidad, y la asistencia farmacológica se hace a través de una dotación de medicamentos definidos para ese nivel, en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. La provisión de medicamentos, de manera similar a lo que ha ocurrido en las unidades de salud del Seguro General Obligatorio, siempre ha sido motivo de insatisfacciones, tanto para los profesionales -médicos y odontólogos-, cuanto para la población asegurada que, a pesar de la información que de manera permanente se transmite, especialmente a los miembros de los directorios de las organizaciones campesinas incorporadas al sistema, continúa asociando a los medicamentos -especialmente aquellos de administración parenteral, como las inyecciones y “los sueros”- con un buen estado de salud.

Como parte importante de los componentes de la prestación, se encuentran las actividades de fomento y promoción de la salud. El personal operativo destina un importante porcentaje de su tiempo de labores exclusivamente a acciones en este campo, y en cada dispensario, además de las charlas que regularmente se dan sobre los problemas de salud de mayor prevalencia en el país y en el área de influencia de la unidad, se realizan actividades de Educación para la Salud dirigidas a la población (afiliada o no) del área de influencia, en las que actúan como instructores tanto personal del propio Seguro Campesino como de otras instituciones del sector salud, especialmente del Ministerio de Salud Pública[38].

Finalmente, es conveniente insistir en que las especiales características del trabajo en las zonas rurales determinan que también los recursos humanos destinados a laborar en ellas sean de especiales características. Los profesionales médicos y odontólogos, satisfactoria y adecuadamente formados para un trabajo intrahospitalario, generalmente acostumbrados asistir a frecuentes reuniones (simposios, congresos, cursos, etc.) de actualización científica y a disponer de numerosos y sofisticados recursos auxiliares para establecer diagnósticos e instaurar tratamientos, y con una permanente motivación para optar por la especialidad y la superespecialidad, se enfrentan con una realidad que rompe con el modelo de atención habitual bajo cuyos parámetros se formaron.

En el campo -por lo menos en los dispensarios del Seguro Social Campesino- no solamente que no cuentan con las ayudas diagnósticas inmediatas a las que estaban acostumbrados ni con el voluminoso y dinámico arsenal terapéutico existente en la actualidad, si no que además se sienten presionados por el requerimiento institucional que les exige organizar la comunidad, administrar el dispensario, capacitar a sus auxiliares de enfermería, y realizar acciones de saneamiento ambiental. Además, de manera indirecta se ven obligados a “regresar” a la elaboración y formulación de aproximaciones diagnósticas basadas casi exclusivamente en el anamnesis y la exploración física minuciosa. Esta situación harto conocida por los administradores de programas de salud, causa serios desajustes en muchos profesionales, y los conduce, por lo menos inicialmente, a un estado de insatisfacción que los empuja a tratar de regresar nuevamente a las ciudades, e idealmente a un hospital, en la primera oportunidad que se les presenta.

 

**************

Aunque se corre el riesgo de cometer crasos errores por omisión, es justo -al menos- mencionar los nombres de algunas mujeres y hombres ecuatorianos, que con su pensamiento, su compromiso y su trabajo, contribuyeron a sentar las bases del actual sistema de seguridad social ecuatoriano y fortalecieron el todavía inacabado proceso de integración nacional, a través de una institución que lenta, pero irreversiblemente, continúa buscando la materialización de la justicia social. A los nombres de Isidro Ayora Cueva, Pablo Arturo Suárez, Carlos Andrade Marín, Manuel De Guzmán Polanco, Plutarco Naranjo Vargas, Fabiola Cuvi Ortiz, César Córdova Jiménez, Idálide Veloz Sancho, Leoncio Andrade Corral, Marco Proaño Maya se han sumado y continuarán sumándose indefinidamente muchos más, para defender a la Seguridad Social Ecuatoriana de las permanentes amenazas que, en varias épocas de su historia han sembrado dudas acerca de su permanencia en el futuro.

Finalmente, no puede dejar de mencionarse el rol cumplido por las organizaciones campesinas en el largo proceso de fortalecimiento y expansión de la seguridad social para la población de las  áreas rurales del Ecuador. A los primeros sindicatos campesinos aparecidos en 1930 gracias a la entereza de mujeres como Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, fueron sumándose otras organizaciones, como la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) en 1.944; la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agropecuarios (FETAP) en 1.965; la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC) en 1.968; la Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador (FENACLE) en 1.969; Ecuador Runacunapac Riccharimui (ECUARUNARI) en 1.972; la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) en 1.980; y, más recientemente, la Federación Nacional Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC), en 1.988; la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1.989; la Confederación Nacional Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC) en 1.995; el Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Montubios del Litoral (CODEPMOC) en 2.001, organizaciones que si bien es cierto constituyen una prueba fehaciente de la progresiva participación de la población campesina/rural ecuatoriana en la determinación de las políticas estatales de desarrollo y bienestar social (el “bien común” de la Constitución de 1.998), también han propiciado su atomización y, en ocasiones, su debilitamiento.


 

[1] Constitución de la Organización Internacional del Trabajo - 1919

[2] Report to the Parliament on Social Insurance and Allied Services - 1942

[3] OIT. Declaración de Filadelfia, 1944

[4] Resolución 217 A (III) París - 10 de diciembre de 1948

5Convenio OIT. 102. Ginebra, 1952

 

[6] OIT definición de Seguridad Social – 1991

[7] Aguilar, E.- La seguridad social y la reforma de salud – En: La Equidad en la mira. OPS/OMS – Quito, 2007

[8] Diccionario Real Academia Española de la Lengua

[9] Barreiro, P.- El IESS y el Seguro Social Campesino – IESS-PNUD. Quito, 2003

[10] Conferencia Interamericana de Seguridad Social – Informe sobre la Seguridad Social en América 2005 – México, 2005.

[11] Echeverría, R.- Desarrollo Histórico de las Políticas de Salud en el Ecuador. CEPAR-USAID – Quito, 1997

[12] Espinosa, S.- Presidentes del Ecuador – Biblioteca Vistazo – Guayaquil, 1995

[13] Como necesidades esenciales se consideran aquellas que los individuos no pueden atender por sus propios medios y que, cuando no son atendidas, repercuten sobre los demás individuos y por tanto sobre la misma sociedad (Barroso Leite, Sergio)

[14] Decreto N° 18, publicado en el Registro Oficial N° 591 del 13 de marzo de 1928.

[15] El “Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo de Real Patrocinio”, fue fundado por don Hernando de Santillán el 9 de marzo de 1565. 

[16] Núñez, J. et al. Historia del Seguro Social Ecuatoriano – II Edición – Quito, 1984

[17] Larrea Villamar, J.- La Salud Pública – Quito, 2003 (¿?)

[18] Luna Yépes, E.- El Hospital Carlos Andrade Marín en la Historia – En: Memorias 1970-1995 – IESS, Quito, 1996

[19] Decreto N° 40 Registro Oficial N° 15: Tercera Disposición Transitoria – Quito, 10 de julio de 1970

[20] Cuvi Ortiz, F.- El Seguro Social Campesino en el Ecuador – Revista Iberoamericana de Seguridad Social N° 5 – Madrid, 1975

[21] Guerrero, P.- Infraestructura Hospitalaria -  En: Memorias del I Congreso Nacional de Asociaciones de Médicos y Profesionales del IESS – Guayaquil, 1984.

[22] Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones del Seguro General de Salud Individual y Familiar- (información provisional).

[23] Luna Yépes, E.- Obra citada

[24] Cevallos Miranda, I.- Cuatro Décadas del Hospital Carlos Andrade Marín – Revista CAMbios. Vol X, N° 16 – Quito, 2010

[25] Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud- Registro Oficial N° 458 – Mayo 30 de 2011

[26] Reglamento para la Atención de Salud Integral y en Red de los Asegurados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – Resolución N° C.D. 308. IESS – Quito, 2010

[27] La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas – OPS/OMS – WASHINGTON D.C. -2007

[28] Registro Oficial N° 29 – Quito, 1° de Noviembre de 1935

[29] Cuvi Ortiz, F. – Fundación del Seguro Social Campesino – Quito, 1993z

[30] Cuvi Ortiz, F. - Obra Citada

[31] Veloz Sancho, I. – 25 Años del Seguro Social Campesino – Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – Quito, 1993.

[32] Córdova Jiménez, C. – La Experiencia de Servicios de Salud del Seguro Social Campesino – En: Sistemas de Salud en Ecuador.- Ministerio de Salud Pública/Organización Panamericana de la Salud. Quito, 1985

[33] Organización Panamericana de la Salud – Plan Decenal de Salud para las Américas. Informe Final de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas – Documento Oficial N° 118 – Washington, 1973

[34] Organización Mundial de la Salud – Conferencia de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud.  – Crónica de la OMS. Vol 32, N° 11 - 1978

[35] Barreiro, P. – Seguro Social Campesino: Historia y Reforma- CEPAR-USAID- Quito, 1998.

[36] Mesa-Lago, C .- IESS Evaluación económica y opciones para reforma. INCAE – Quito, 1993

[37] Organización Panamericana de la Salud – La Renovación de la Atención Primaria de Salud – Washington, 2007

[38] Barreiro, P.- El IESS y el Seguro Social Campesino – IESS-PNUD- Quito, 2004

 

      


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